La Alemania de Alice Weidel
El avance de la AfD acerca a Alemania a un escenario que ya no puede despacharse como una hipótesis marginal. Su proyecto combina una política migratoria mucho más restrictiva, rebajas fiscales, una ruptura con la estrategia climática y una revisión profunda del vínculo con Europa. Pero entre ese programa y su aplicación existen límites políticos, económicos y constitucionales.
La pregunta sobre cómo sería Alemania bajo un Gobierno de Alice Weidel ha adquirido una urgencia distinta después de las elecciones de Sajonia-Anhalt del 6 de septiembre. Alternativa para Alemania obtuvo el 43,8 % de los votos, según el resultado provisional, y dejó a la CDU en el 17,2 %. Sin embargo, sus 39 escaños en una cámara de 83 no le proporcionaron la mayoría absoluta. El salto electoral es indiscutible; la capacidad para gobernar, una cuestión diferente.
La distinción importa también en Berlín. Friedrich Merz continúa al frente del Gobierno federal y una elección regional no modifica por sí misma la composición del Bundestag. En las elecciones federales de febrero de 2025, la AfD consiguió el 20,8 % de los votos y 152 escaños. Es una fuerza parlamentaria de primer orden, pero no dispone de una mayoría nacional para ejecutar su programa.
Por eso, describir una Alemania dirigida por Weidel exige separar tres planos: las medidas que su partido defiende, las consecuencias que razonablemente podrían derivarse de ellas y los obstáculos que encontraría para llevarlas a la práctica. Confundirlos convertiría el análisis en propaganda, tanto a favor como en contra.
Ganar elecciones no equivale a controlar el Estado
La principal barrera de la AfD sigue siendo convertir sus votos en apoyos suficientes para gobernar. Tras el resultado de Sajonia-Anhalt, Merz reiteró su rechazo a colaborar con el partido. La AfD, por su parte, ha buscado apoyos entre diputados conservadores. Esa disputa muestra que el llamado cordón sanitario depende de decisiones políticas concretas y no de un mecanismo que impida automáticamente a una formación acceder al poder.
Incluso una llegada de Weidel a la Cancillería no colocaría todas las instituciones bajo su autoridad. Alemania es una federación: el Gobierno central no dirige cada escuela, cada cuerpo policial ni cada administración regional. Los estados federados intervienen además en la legislación federal a través del Bundesrat.
Un Ejecutivo de la AfD podría cambiar prioridades presupuestarias, impulsar leyes y orientar la actuación de sus ministerios. No podría convertir unilateralmente todas sus promesas en normas. La diferencia entre dirigir un Gobierno y disponer de poder ilimitado sería decisiva para entender sus primeros pasos.
La inmigración sería el primer frente
El giro más visible estaría en la política migratoria. El programa federal de la AfD propone intensificar las expulsiones de personas obligadas a abandonar el país, ampliar los incentivos al retorno voluntario y revisar la protección cuando considere desaparecidas las circunstancias que la justificaron. El partido agrupa estas medidas bajo el término «remigración» y sostiene que pueden ejecutarse dentro del orden constitucional.
La controversia no se limita a cuántas expulsiones se realizarían. Afecta a quién quedaría incluido, qué garantías conservaría y cómo se distinguiría entre residencia irregular, protección internacional e inmigración laboral. Son situaciones jurídicas diferentes, aunque a menudo se mezclen en el debate político.
El enfrentamiento quedó expuesto el 9 de septiembre: Merz equiparó la remigración que atribuye a la AfD con una limpieza étnica; el partido rechazó esa acusación y defendió la legalidad de sus propuestas. Weidel había asegurado que las personas de origen migrante que trabajan, contribuyen y respetan la ley no debían temer a un Gobierno suyo. La prueba estaría en las decisiones administrativas y legislativas, no en las declaraciones tranquilizadoras ni en las acusaciones de sus adversarios. Acelerar una expulsión legal y retirar garantías de forma indiscriminada no son políticas equivalentes. Tampoco lo son endurecer los requisitos de entrada y tratar el origen familiar como criterio de pertenencia nacional.
La promesa de control y el problema del empleo
Un Gobierno que quisiera reducir la inmigración tendría que responder también a una cuestión práctica: cómo cubriría las necesidades de personal de empresas y servicios. No basta con anunciar menos entradas; es necesario distinguir entre personas sin autorización de residencia, trabajadores establecidos y profesionales que estudian dónde desarrollar su carrera.
En Sajonia-Anhalt, la AfD ha planteado fomentar la digitalización y la inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas como alternativa a recurrir a determinados trabajadores extranjeros. La automatización puede reducir algunas necesidades laborales, pero no demuestra por sí sola que todas las tareas puedan sustituirse, ni que esa sustitución vaya a producirse con la rapidez necesaria.
El posible coste económico de una política migratoria no dependería exclusivamente de las expulsiones efectivamente ejecutadas. También podría manifestarse si trabajadores cualificados descartaran Alemania por incertidumbre sobre su futuro o el de sus familias. Ese es un riesgo que debe evaluarse, no un resultado que pueda darse por inevitable.
Menos impuestos, pero con una factura pendiente
La oferta económica de la AfD combina desregulación, alivio fiscal y recortes de gasto. Su programa de 2025 propone elevar a 15.000 euros el mínimo exento del impuesto sobre la renta, eliminar el impuesto sobre sucesiones y suprimir los gravámenes sobre el CO₂. También defiende reducir determinadas aportaciones y subvenciones, especialmente las vinculadas al clima, a organizaciones no gubernamentales y a la Unión Europea.
Para un contribuyente que soporta una carga elevada, la promesa resulta comprensible: conservar una mayor parte de sus ingresos. Para una empresa, una reducción de costes y trámites podría liberar recursos. Pero una rebaja fiscal no se financia por el mero hecho de anunciarla. Su alcance depende de qué ingresos se pierden, qué gastos se eliminan y qué efectos tiene el conjunto sobre la actividad.
La distribución de los beneficios tampoco sería uniforme. Suprimir un impuesto sobre las herencias favorece directamente a quienes recibirían transmisiones gravadas; elevar un mínimo exento actúa sobre otro grupo de contribuyentes. Una familia apenas sujeta al impuesto sobre la renta no obtiene necesariamente el mismo alivio que otra con ingresos superiores. El balance exigiría sumar ambas caras: lo que se ahorra en impuestos y lo que podría cambiar en prestaciones, infraestructuras o servicios. Prometer simultáneamente menos recaudación, más capacidad estatal en áreas prioritarias y disciplina presupuestaria obliga a presentar cuentas compatibles entre sí.
El euro, la apuesta de mayor alcance
La transformación más profunda no se produciría necesariamente en una frontera, sino en la relación con Europa. La AfD propone abandonar el sistema del euro y recuperar una moneda nacional. También plantea sustituir la actual Unión Europea por una asociación de naciones soberanas que conserve ámbitos de cooperación, entre ellos un mercado común. Ese proyecto va mucho más allá de discutir una directiva o negociar una contribución presupuestaria. Su aplicación obligaría a resolver cuestiones sobre contratos, depósitos, deudas, pagos y relaciones comerciales. Que una nueva arquitectura mantuviera todas las ventajas actuales no dependería exclusivamente de la voluntad del Gobierno alemán: requeriría acuerdos con los demás países.
El problema para una empresa no sería únicamente qué moneda aparece en su factura. Tendría que saber en qué divisa paga a sus proveedores, cómo se liquidan sus préstamos y qué riesgo de cambio asume. Para un ahorrador, importaría conocer el tratamiento de sus depósitos y el poder adquisitivo de la moneda resultante.
No existe fundamento para presentar de antemano una cifra exacta de pérdida o ganancia sin definir ese proceso. Sí existe una diferencia esencial entre reclamar mayor autonomía monetaria y demostrar que la transición sería estable. El mayor riesgo del proyecto europeo de la AfD reside en prometer continuidad económica mientras plantea alterar parte de las reglas que la sostienen.
Energía más barata no significa energía inmediata
En energía, la AfD defiende volver a la nuclear, mantener un papel relevante para el carbón y el gas, recuperar las conexiones de Nord Stream y abandonar el Acuerdo de París. Su argumento político es que la estrategia climática encarece la producción y perjudica la competitividad.
El atractivo de una factura menor no elimina las dificultades de ejecución. Reanudar la producción de una central requeriría verificar su estado, obtener autorizaciones y asegurar recursos técnicos y financieros. Una decisión gubernamental puede modificar el marco jurídico, pero no sustituye una instalación, un contrato o una evaluación de seguridad.
La misma cautela debe aplicarse a la promesa de recuperar suministros rusos baratos. El precio dependería de las condiciones comerciales y del contexto político, no únicamente de la preferencia del comprador. Una dependencia renovada tendría que valorarse junto con el eventual ahorro.
Además, cambiar las reglas afecta tanto a quienes consideran excesivo el coste de la transición como a quienes ya han invertido siguiendo esas reglas. La cuestión económica no es solo cuánto cuesta una tecnología, sino cuánto cuesta también interrumpir inversiones, redefinir incentivos y volver a modificar las expectativas de hogares y empresas.
Una relación distinta con Rusia y Ucrania
La política exterior experimentaría otro giro importante. La AfD reclama levantar las sanciones económicas contra Rusia, restablecer las relaciones comerciales y orientar a Ucrania hacia una posición neutral, fuera de la OTAN y de la Unión Europea. También se opone a mantener el apoyo militar a Kiev. Sus defensores presentan ese enfoque como una vía para reducir tensiones y recuperar margen económico. La objeción central es que reducir la presión sobre Moscú no demuestra, por sí mismo, que vaya a obtenerse una paz duradera o una mayor seguridad para los países europeos.
Un Gobierno alemán que modificara sustancialmente su posición alteraría las negociaciones entre aliados. Podría dificultar acuerdos comunes y obligar a otros socios a revisar sus compromisos. La magnitud de ese efecto dependería de las decisiones concretas, de la evolución de la guerra y de las respuestas del resto de Europa.
Buscar una negociación es un instrumento diplomático; dar por garantizado su éxito es otra cosa. La evaluación de la propuesta de la AfD tendría que centrarse en las condiciones exigidas, las garantías ofrecidas a Ucrania y los mecanismos previstos para hacerlas cumplir.
El cambio también llegaría a las aulas
La agenda de la AfD no se reduce a impuestos, fronteras y energía. Su programa regional en Sajonia-Anhalt propone clases separadas para los hijos de refugiados, una presencia reforzada de los símbolos nacionales en las escuelas y cambios profundos en la radiotelevisión pública. Es un ejemplo concreto de la transformación cultural que pretende impulsar desde las instituciones.
No todas esas decisiones corresponden al Gobierno federal. Precisamente por eso, una participación regional podría ofrecer al partido un espacio de actuación antes de alcanzar la Cancillería. La educación, la cultura y la financiación de determinadas entidades son ámbitos donde las prioridades políticas pueden adquirir una expresión cotidiana.
La cuestión de fondo sería cómo compatibilizar una identidad nacional promovida por el poder público con el pluralismo de la sociedad. Un currículo escolar, una ayuda cultural o una decisión sobre integración no son simples símbolos: influyen en las oportunidades de las personas y en la manera en que se relacionan con las instituciones. El análisis debe distinguir entre las propuestas efectivamente publicadas y cualquier medida adicional que todavía no exista. Tampoco cabe convertir automáticamente un programa regional en una decisión ya adoptada para toda Alemania.
Los límites constitucionales seguirían existiendo
Una mayoría parlamentaria no permite cualquier reforma. Cambiar la Ley Fundamental exige mayorías de dos tercios en el Bundestag y el Bundesrat. Además, su cláusula de intangibilidad protege principios esenciales, entre ellos la dignidad humana y las bases del orden democrático y federal. La situación judicial de la AfD requiere la misma precisión. El Tribunal Administrativo de Colonia dictó el 26 de febrero de 2026 una resolución cautelar que impide provisionalmente al servicio federal de inteligencia interior clasificar al partido como una organización de extremismo acreditado. No fue una sentencia definitiva sobre el fondo ni una anulación general de las evaluaciones relativas a sus organizaciones regionales. La rama de Sajonia-Anhalt está clasificada como extremista de derechas por la autoridad competente del estado.
Por tanto, ni una caracterización política sustituye una resolución judicial ni una medida cautelar equivale a una absolución global. También sería incorrecto confundir vigilancia de inteligencia, clasificación administrativa y prohibición de un partido: son actuaciones diferentes.
Los contrapesos limitarían las decisiones de cualquier Gobierno de Weidel, pero no harían irrelevante su llegada al poder. Dentro del marco vigente existe un margen considerable para cambiar prioridades, asignar recursos y orientar la administración. Ahí se mediría buena parte de su capacidad real de transformación.
Una ruptura posible, no un futuro escrito
La Alemania que propone la AfD sería más restrictiva en inmigración, menos comprometida con la política climática actual, favorable a rebajas fiscales y partidaria de revisar profundamente sus relaciones con la Unión Europea y Rusia. La dirección general está expresada en sus programas; sus resultados no están demostrados. El desenlace dependería de las mayorías que consiguiera, de las concesiones que tuviera que aceptar, de las resoluciones judiciales y de la respuesta de empresas, trabajadores y socios internacionales. Una victoria regional no permite anticipar todo ese recorrido.
La pregunta decisiva ya no es únicamente cuánto puede crecer Alice Weidel en las urnas. Es qué partes de su proyecto podrían convertirse en políticas sostenibles, quién asumiría sus costes y qué quedaría de sus promesas al confrontarlas con la responsabilidad de gobernar. Ese examen exige algo más que entusiasmo o alarma: exige distinguir el cambio anunciado del cambio que realmente sería posible.
