The China Mail - Crítica a la lentitud de los organismos de control ante denuncias de corrupción en el gobierno Petro

La publicación en El Colombiano plantea una interrogante central sobre la eficacia de los mecanismos de vigilancia estatal: ¿qué han hecho durante los últimos cuatro años la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría? Estos tres entes son considerados los principales órganos de control del Estado con la facultad de investigar, detectar y sancionar a los responsables de hechos de corrupción. La pregunta surge en un contexto donde no transcurre ningún día sin que estalle un nuevo escándalo relacionado con el gobierno de Gustavo Petro.

Uno de los casos más destacados mencionados es la captura de Carlos Andrés Otoya, un hacker vinculado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Junto con otras siete personas, se le señala de intentar alterar los resultados electorales y atacar los sistemas de la Registraduría Nacional para impedir que Abelardo de la Espriella ganara las elecciones. Aunque existía una orden de captura desde mayo del año en curso, su detención solo se produjo después de que los medios de comunicación hicieran públicas las denuncias y tras haber concluido tanto la primera como la segunda vuelta electoral. Ante esta demora, las autoridades no han ofrecido respuestas satisfactorias.

Este incidente sugiere que el intento de fraude electoral no provenía de la oposición, como había denunciado repetidamente Petro, sino que se habría originado en el interior de su propio gobierno para favorecer a su candidato. El registrador Hernán Penagos ya había denunciado ante la Fiscalía, desde el 5 de marzo, un presunto plan para alterar los sistemas informáticos de la entidad.

A esta situación se suman las revelaciones sobre lo que se denomina "sexo contratos". Deicy Jiménez, una joven de 26 años, afirma que Petro le otorgó diez contratos en el Estado a cambio de mantener relaciones sexuales. Además, señala la existencia de una red de más de 40 mujeres que habrían sido contratadas en entidades públicas bajo circunstancias similares. El texto cuestiona por qué ningún organismo de control se percató de lo ocurrido y por qué las denuncias se realizan principalmente en los medios en lugar de acudir a la Fiscalía, planteando dudas sobre la confianza en la entidad.

Otro punto crítico son las declaraciones del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Este señaló que solo se conoce la punta del iceberg en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD). Velasco preguntó por qué la Fiscalía no ha investigado otros 26 contratos vinculados a $1,3 billones.

El artículo observa que estos temas no avanzan al mismo ritmo que las investigaciones sobre ingresos ilícitos a la campaña de Petro, las denuncias sobre la apropiación de recursos por parte de Nicolás Petro, hijo del exmandatario, o los procesos contra Laura Sarabia relacionados con escuchas y pruebas de polígrafo a Marelbys Meza. También se menciona la entrega de recursos al contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, y la aparente falta de investigaciones contra la ex primera dama Verónica Alcocer, de quien se dice que tenía injerencia en Ecopetrol, el Banco Agrario, el ICBF y Procolombia.

Los resultados frente a estos escándalos no son visibles. La mayoría de las revelaciones provienen de los medios de comunicación, mientras que los organismos de control llegan tarde, cuando los hechos ya están consumados. Parece que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría están superadas por los acontecimientos, sin capacidad para atender tantas denuncias y con procesos que avanzan a paso de tortuga. Aunque hay alertas en marcha, no parecen arrojar resultados rápidos frente al cúmulo de hechos de corrupción.

Se destaca la necesidad de que los colombianos conozcan el estado de los procesos y si recibirán sanciones quienes desfalcaron las arcas del Estado. No se justifica que, mientras a los contribuyentes se les exigen mayores esfuerzos con el pago de impuestos debido a una crisis en las finanzas públicas, los funcionarios irregulares no reciban castigo. Esta lentitud es aún más cuestionable considerando los presupuestos millonarios de estas entidades; la Fiscalía maneja cerca de $7 billones al año.

Los resultados concretos son pocos. En el caso del robo a la UNGRD, están detenidos el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes pagarán alrededor de seis años de cárcel por colaboración efectiva. Sin embargo, no se conocen decisiones de fondo sobre la quiebra de las EPS, la pérdida millonaria en Air-e, Ecopetrol, Fiduprevisora, la Agencia Nacional de Tierras, Invías y el Fomag.

Además, la nación está expuesta a demandas multimillonarias si no cumple los contratos para la elaboración de pasaportes, un proceso lleno de dudas en el que el gobierno intentó excluir a la firma Thomas Greg & Sons. Una situación similar podría ocurrir con la compra de los aviones Gripen. El artículo concluye que los organismos de control tienen una responsabilidad histórica de mostrar resultados y dejar claro que no eran un apéndice del gobierno de izquierda.

V.Fan--ThChM